El Gobierno nacional dispuso una nueva intervención por un año de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) y volvió a designar al médico Ignacio Ferrari como interventor. El Decreto 1147/2026, publicado el 6 de octubre, reconoce avances regulatorios pero también admite que la Agencia todavía no alcanzó su plena operatividad.
Un tercer tramo de conducción excepcional
La ARICCAME fue creada por la Ley 27.669 para regular y fiscalizar la cadena productiva del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Entre sus competencias están las autorizaciones para cultivo, producción, fabricación, importación, exportación y comercialización, además de la trazabilidad de semillas, insumos y productos derivados.
La intervención comenzó mediante el Decreto 833/2024 por un año. En 2025 fue prorrogada por otro período y ahora el Poder Ejecutivo abrió una nueva intervención de doce meses, que podrá extenderse por igual plazo mediante una resolución fundada de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Qué razones invocó el Gobierno
El Decreto 1147/2026 sostiene que durante la intervención se reactivó institucionalmente la Agencia, se conformó un equipo interdisciplinario y se avanzó en licencias, digitalización de procedimientos, coordinación con provincias y fortalecimiento regulatorio.
La misma norma enumera las tareas pendientes: adecuar la estructura orgánica y funcional, continuar los procesos de licenciamiento, revisar y seguir las licencias otorgadas, desarrollar marcos regulatorios todavía incompletos, mejorar la coordinación federal y fortalecer la trazabilidad de la cadena productiva.
Ese reconocimiento es el dato político central. La continuidad no se justifica porque el trabajo haya concluido, sino porque la autoridad considera que la Agencia aún no puede funcionar plenamente fuera del esquema excepcional.
Ferrari continúa y Economía conserva funciones de apoyo
Ignacio Ferrari fue nuevamente designado interventor, con rango de director nacional. El decreto mantiene para el cargo las facultades previstas en la intervención original.
Hasta que la ARICCAME alcance plena operatividad, el Ministerio de Economía seguirá prestando servicios presupuestarios, contables, financieros, jurídicos, de compras y de recursos humanos. El gasto se atenderá con partidas de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, con las reasignaciones que disponga la Jefatura de Gabinete.
Las licencias avanzan, pero el mapa sigue fragmentado
La Agencia ya publica trámites para licencias agrícolas e industriales de cáñamo, y durante 2026 incorporó regímenes específicos. La Resolución 41/2026 estableció una adecuación para actividades con semillas, plantines y esquejes de cannabis con fines medicinales. La Resolución 69/2026 creó, por su parte, licencias vinculadas al cáñamo hortícola no psicoactivo, con un límite de THC de hasta 1% en peso seco.
Estos regímenes son independientes: una autorización para órganos de propagación no reemplaza una licencia de cáñamo industrial u hortícola. La página oficial de ARICCAME advierte además que las autorizaciones nacionales no sustituyen habilitaciones sanitarias, provinciales o municipales que puedan corresponder.
Qué cambia ahora y qué no
El decreto no crea una nueva licencia, no amplía por sí solo los usos permitidos y no legaliza actividades fuera de los regímenes vigentes. Su efecto inmediato es institucional: mantiene la conducción intervenida y asegura continuidad administrativa mientras siguen pendientes la estructura definitiva, las normas faltantes y la trazabilidad.
Tampoco debe confundirse esta medida con reglas individuales para pacientes o autocultivadores. La ARICCAME actúa sobre la cadena productiva medicinal e industrial regulada por la Ley 27.669; otros registros y autorizaciones dependen de organismos y marcos normativos diferentes.
El desafío: pasar de normas aisladas a un sistema previsible
La intervención puede evitar una interrupción administrativa, pero prolonga una señal de provisionalidad. Para productores, cooperativas, universidades e inversores, la previsibilidad no depende solamente de que existan formularios: requiere plazos claros, criterios estables, coordinación entre organismos y capacidad de fiscalización.
El Gobierno presenta la continuidad como una etapa necesaria para completar la institucionalización. El balance deberá medirse en resultados verificables: licencias tramitadas con reglas públicas, controles consistentes, trazabilidad operativa y una Agencia capaz de funcionar sin conducción excepcional.
